Abogado de la República con post-grado en Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología de la Universidad de Roma, donde presenta la tesis La libertad personal del imputado. Catedrático de pre y post grado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de las universidades Central de Venezuela, Carabobo y Zulia, en las especialidades Derecho Penal, Procesal Penal, Constitucional, Derechos Humanos y Práctica Jurídica. Profesor del Instituto de Estudios Penitenciarios, de la Escuela de Administración y Hacienda Pública y de la Escuela del Consejo de la Judicatura. Nació en Caracas, Venezuela, en 1952. Se desempeño como Conjuez, Juez Relator, Asesor Jurídico del Banco Central de Venezuela y de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, Director de Inspección del Ministerio Público y fue elegido Magistrado (suplente) de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Es miembro del Colegio de Abogados del Distrito Federal, de la Sociedad Venezolana de Derecho Penal y Consejero de la Cámara Alta Latinoamericana de Juristas y Expertos en Ciencias Penitenciarias. Designado Fiscal General de la República, por Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente de 22 de Diciembre de 1999, que dicta el Régimen Transitorio del Poder Público. Durante su actuación, se modifica la estructura organizativa y funcional del Organismo y se dicta el Reglamento Interno que define las competencias de las dependencias del Despacho del Fiscal General de la República; se reestructura la plataforma informática de la Institución, dotándola con los equipos que permitieron acceder o difundir información de interés por correo electrónico y la red internacional, a las fiscalias superiores (nivel nacional) y dependencias del Organismo; nombrará 428 fiscales auxiliares a nivel nacional, de un concurso donde participaron 2.038 abogados; se reestructura la Unidad de Atención a la Victima y se dicta el Reglamento para su funcionamiento. A la Línea 800 Fiscal (800-347225) se le acondicionan sus locales, especializa su personal, se le dota con los equipos necesarios y se elabora un micro informativo destinado a los canales de televisión; se instala el archivo de expedientes de transición; se establecen unidades operativas en el Interior de la República (Anzoátegui, Aragua, Carabobo, Táchira, Zulia) que formarán parte de la estructura para la ejecución financiera del presupuesto; se dota al Ministerio Público de nuevas sedes en: Anzoátegui y Nueva Esparta; el Instituto de Estudios Superiores, acentúa la especialización de los funcionarios del Ministerio Público y en la Dirección de Tecnología se crea una sala para cursos, los cuales se inician en marzo de 2000; se coordina con la Guardia Nacional y agregados políticos de USA, Inglaterra, Italia, España, Francia y Colombia la “Operación Orinoco 2000” contra la droga; con el Instituto Universitario de Policía Científica se convienen cursos de criminalística para los funcionarios del Ministerio Público; se le asignan recursos apreciables a los Servicios Bibliotecarios para la adquisición de publicaciones y mobiliario y se establece el Núcleo Bibliotecario “Dr. Luis Maria Olaso” en Falcón; se presenta el “Proyecto Piloto Parque Carabobo”; se redacta el Anteproyecto de Ley del Poder Ciudadano y de Reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público, que se introducen ante la Asamblea Nacional, en Septiembre de 2000; se cancelan pasivos laborales al personal; se adquieren nuevos equipos médicos en odontología y laboratorio, se mejora la unidad pedíatrica y crea la unidad de cirugía menor.
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