Abogado de la República. Doctor en Ciencias Penales. Presidente del Centro de Estudios Penales del Estado Miranda. Nació en Boconó, Estado Trujillo. Profesor de Derecho Penal en la Universidad Central de Venezuela (1959-1989). Miembro de las comisiones redactoras del Código Penal tipo para Latinoamérica (1974) y del Proyecto del Código de Enjuiciamiento Criminal, creada por el Ministerio de Justicia (1977). Miembro del Instituto Hispano Luso Americano y Filipino de Derecho Penal y Penitenciario, Madrid (España). Llevó la defensa de los sonados casos de los ex-presidentes Marcos Pérez Jiménez y Carlos Andrés Pérez, así como la de uno de los implicados del Sierra Nevada. Electo Fiscal General de la República para el período 1999-2004. Durante su actuación ordenó recopilar, extractar y llevar a máximas la doctrina del Ministerio Público relacionada con el COPP, trabajo que realizó la Biblioteca Central de la Institución y presentó bajo el título Prolegómenos a la Doctrina del Ministerio Público sobre el Código Orgánico Procesal Penal (1996-1998). Dictó normas sobre la actuación de los fiscales en el proceso penal y nombró con prontitud delegados especiales para atender la situación de emergencia del Estado Vargas. El personal del Ministerio Público obtuvo importantes beneficios laborales: bonos especiales, mejoramiento de instalaciones, entre ellas, el Pre-escolar, el Servicio Médico y el Comedor. Ha recibido la Orden “Francisco de Miranda”, en 2ª y 1ª clases. Renunció en Diciembre de 1999 al ser designado miembro del Tribunal Supremo de Justicia.
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